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ARTICLE ~ January 19, 2010 ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina
Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
El comienzo del año 2010 sorprendió a los todos peruanos con la noticia de un incremento en los precios de los combustibles, al que la prensa llamó "gasolinazo". En efecto, más del 70% de los grifos ubicados en el país, habían incrementado los precios de los combustibles alrededor del 10%. La medida aplicada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) consistió en reducir las compensaciones que el gobierno otorga semanalmente a las refinerías por medio del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles de S/. 35 millones a S/. 10 millones. Esta decisión se tomó luego que la tasa de inflación registrada en el 2009 fuera de solo 0.25% y los precios del petróleo continuaron recuperándose en los últimos meses del año hasta en un 33%, poniendo más presión sobre el fondo. En respuesta, las refinerías—básicamente la estatal Petroperú y la española Repsol—aumentaron sus precios y este aumento se trasladó a los grifos y distribuidoras de gas, a las cuales accede finalmente el consumidor. Como era de esperar, los consumidores reclamaron porque ahora tenían que pagar S/. 1.2 soles más por galón de gasolina y S/. 2 más por balón de gas. Ante la reacción de la gente por el excesivo aumento, el MEF optó por reducir el incremento a la mitad. Por consiguiente, los técnicos de Petroperú dieron marcha atrás en el incremento de los precios que se anuncio el pasado 1 de enero. En este sentido, el 4 de enero, el gerente general de Petroperú, Miguel Celi, anunció que la estatal ajustaría el incremento de precios para reducir el impacto sobre los consumidores. Las refinerías privadas como Repsol y Pluspetrol, si bien no estaban obligadas a modificar su estructura de precios, finalmente decidieron bajar sus precios frente a la reacción de los consumidores y ante posibles efectos inflacionarios. No obstante, los autoservicios demoraron de tres a cuatro días en agotar el stock de combustibles que compraron a un precio mayor. La reducción del ajuste del precio de los combustibles impactó en el Fondo de Estabilización de Precios, pues ahora el MEF entregará a las refinerías s/. 22 millones semanales por compensación. Esta compensación se otorgó junto con el anuncio de un aumento de S/. 400 millones de los recursos del Fondo de Estabilización para el 2010, y la autorización de un pago por S/. 100 millones para cancelar parte de la deuda que el Estado tiene con las refinerías por los subsidios otorgados en el 2009. Como consecuencia del incremento y a pesar de la reducción del 5%, los transportistas del servicio público y de carga anunciaron un alza de hasta un 30% en el precio de los pasajes del transporte público y amenazaron con realizar una paralización como medida de protesta frente al alza de los combustibles en las próximas semanas. Por su parte los especialistas han criticado el incremento en el precio de los combustibles por distintos motivos. En primer lugar, señalaron que hubo una ineficacia en el uso de los recursos que se destinan al Fondo de Estabilización, pues, por definición, estos deberían utilizarse para compensar a las refinerías y disminuir el impacto del aumento del precio del petróleo en el mercado internacional sobre los consumidores locales. Adicionalmente, criticaron el manejo discrecional del gobierno respecto al control de los precios de los combustibles y los subsidios, así como la administración de la propia petrolera estatal. Cabe mencionar que el Fondo de Estabilización es un mecanismo de compensación que permite aliviar el impacto del alza internacional del petróleo en el mercado local por tratarse de un commodity muy volátil y con bastante sensibilidad social y política. De ahí la importancia de que el funcionamiento del Fondo sea claro y transparente y la urgencia de una política energética basada estrictamente en criterios técnicos que incluya una política de compensaciones y precios concreta para el sector hidrocarburos. Ecuador amplia su campo de acción en el sector extractivo: peligra la iniciativa Yasuni-ITT y se crea la nueva Empresa Nacional Minera (ENAMI). En junio del 2007 el gobierno ecuatoriano presentó a la comunidad internacional el proyecto Yasuní ITT, consistente en dejar de explotar 846 millones de barriles de petróleo del bloque Ishpingo Tiputini Tambococha, ubicado en el Parque Nacional Yasuní en la Amazonía ecuatoriana. Esta cantidad de petróleo constituye el 20% de las reservas de petróleo del Ecuador y tiene un valor estimado de US$ 6 000 millones. A cambio der dejar el petróleo bajo tierra, el estado ecuatoriano reclama recibir como compensación el 50% de este monto, mientras se evita la emisión de 407 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2)—uno de los gases causantes del calentamiento global—se conserva la biodiversidad del Yasuní, y se protege a los pueblos indígenas—incluidos dos grupos en aislamiento voluntario—que lo habitan. Además, los fondos recaudados servirían para el fomento de las energías alternativas y las actividades económicas sostenibles en el Ecuador. La propuesta que—contaba con el apoyo de la Comunidad Andina de Naciones, el Parlamento Alemán, la Corporación Andina de Fomento, la Organización de Estados Americanos, la OPEP, entre otros—fue presentada como un modelo para evitar la depredación de la Amazonía por la explotación petrolera y mineral, sentando las bases de un desarrollo no extractivista. Es más, recientemente en la cumbre de Copenhague, la delegación ecuatoriana había logrado el apoyo concreto de Alemania, España y Bélgica por una cifra que superaba los mil millones de dólares y contaba con posibles apoyos de Francia y de Suecia por otros 500 millones de dólares, los cuales estarían destinados a un proyecto de fideicomiso al cual se le denominó "Fondo para la Transición Energética". En efecto, hasta diciembre del 2009, Ecuador había logrado ofrecimientos cercanos al 49% del monto requerido. Sin embargo, el presidente ecuatoriano Rafael Correa—para extrañeza de muchos- no asistió a Copenhague, donde se esperaba que la propuesta Yasuni fuese una de las estrellas del show y donde se esperaba Ecuador y las Naciones Unidas firmasen el acuerdo para gestionar los fondos de compensación comprometidos por los países donantes. Más tarde—confirmando los temores de que algo andaba mal- el mismo Correa ha anunciado la explotación del mencionado bloque podría comenzar a mediados del presente año si los países que financian la iniciativa insisten en imponer condiciones "vergonzosas" a la propuesta, entre las que estaría el control y la administración de los fondos recibidos y la calificación de futuros proyectos. Recién ahí se entendió el porqué de su inasistencia y el que la delegación ecuatoriana presente no hubiese recibido la autorización para firmar dicho acuerdo en su ausencia. Frente a esta situación, han renunciado Fander Falconí, Canciller del Ecuador, y Roque Sevilla, cabeza del equipo ecuatoriano del Proyecto Yasuní. Ambos han declarado a la opinión pública que han procurado explicar al Presidente Correa que no es cierto que los países contribuyentes hayan impuesto las mencionadas condiciones para la creación del fondo, y que por lo tanto Ecuador no perdería soberanía si suscribía el acuerdo. Pero ante la insistencia del Presidente de denunciar lo avanzado como una capitulación, han optado por la renuncia. Alberto Acosta, ex ministro de Energía del actual gobierno, y uno de los que impulsó el proyecto desde su creación, lamentó que el contrato no se suscribiera y responsabilizó directamente al Presidente Correa de poner en riesgo el proyecto Yasuní ITT. Para Acosta, la decisión del mandatario revela la ausencia de una la política ambiental del actual gobierno y la falta de determinación del Ejecutivo para concretar esta propuesta. Y revela también la presión de algunos sectores petroleros interesados. Sin embargo Acosta también remarcó que para que la explotación de Yasuni se haga realidad no basta la decisión del Presidente Correa, pues sería necesario que la Asamblea Nacional apruebe la iniciativa y luego convocar a una consulta popular. En respuesta, el ministro ecuatoriano de Recursos Naturales No Renovables, Germánico Pinto, ha asegurado que el proyecto Yasuní ITT no ha terminado pese a la renuncia de sus principales impulsores y de las declaraciones del mandatario ecuatoriano, pero insistió en señalar que el procedimiento negociado con los donantes no es aceptable para su gobierno. Como respuesta desde la sociedad civil, los ecologistas y ambientalistas ecuatorianos han sostenido una solida campaña en defensa del Yasuní y han solicitado que se detenga cualquier intento de explotación. Además demandaron el cumplimiento de la Resolución Nº 25 DIR-2007-03-30 del Directorio de Petroecuador, la cual establece que el proyecto Yasuní ITT se realizará sin plazos ni condiciones. Al mismo tiempo que se daba este estratégico debate sobre el destino de los yacimientos ITT en Yasuní, el gobierno ecuatoriano continuaba con su estrategia de ampliar su campo de acción hacia las actividades extractivas. En efecto, el presidente Rafael Correa firmó el 4 de enero de este año el Decreto Ejecutivo Nº 203 mediante el cual se creó la Empresa Nacional Minera (ENAMI). De acuerdo con el decreto, la empresa estatal nace como una sociedad de derecho público con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestaria, económica, administrativa y de gestión, pero en realidad todo el patrimonio inicial de la minera está constituido con recursos del presupuesto público. Enami participará en todas las etapas de la actividad minera y para ello podrá llevar a cabo los acuerdos estratégicos y las alianzas que sean necesarios, pues espera convertirse en el equivalente de Petroecuador en el sector minero. Algunos especialistas han indicado que ninguna minera estatal ha logrado ser exitosa debido al elevado riesgo que la actividad entraña y porque se requieren fuertes montos de inversión en las fases de exploración y explotación. La sola excepción sería el caso de Codelco en Chile, pero esta nació con activos de las mineras privadas que fueron expropiadas. Así mismo señalan que esta nueva empresa deberá de enfrentarse a la actual discusión alrededor del cuestionado manejo de las empresas estatales durante el actual gobierno. Desde el campo ambientalista e indigenista, se manifiesta preocupación frente a la que sería—junto con Yasuni—una manifestación de las intenciones del Gobierno del Presidente Correa de dar paso a los grandes proyectos de inversión extractiva desoyendo las preocupaciones expresadas por estos sectores de la sociedad ecuatoriana. Argentina busca negociar acuerdo para incrementar la importación de gas desde Bolivia. La presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha previsto viajar a Bolivia el próximo 22 de Enero para asistir a la segunda investidura presidencial del mandatario boliviano, Evo Morales, visita que será una ocasión para revisar el acuerdo que firmaron ambos países en el 2006 para la importación de gas, y para buscar incrementar la importación de este recurso desde Bolivia. El contrato firmado el 2006 entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Energía Argentina S.A (Enarsa) estableció que Bolivia vendería a Argentina 7 millones de metros cúbicos diarios durante 20 años. Este nuevo convenio, que se aplicará como una corrección al contrato vigente, prevé incrementar la compra de gas por hasta 27 millones de mcd a cargo de estatal argentina. Cabe mencionar que el incremento de los envíos diarios de gas de Bolivia a Argentina no modificará los precios acordados, los cuales no han sido materia de negociación previa y seguirán siendo establecidos trimestralmente de acuerdo a las fluctuaciones de la cotización internacional del petróleo. Sin embargo, se han mantenido los plazos de pago establecidos, en caso contrario se establecerán multas. El acuerdo prevé un cronograma para graduar de manera progresiva el aumento de los volúmenes exportados, tomando como punto de partida los volúmenes de gas que produce Bolivia en la actualidad. Pero en caso Bolivia no cumpla con los volúmenes acordados en los plazos establecidos, Argentina ha propuesto descuentos en el precio del gas. Anteriormente ambos países se han quejado de la falta de garantías y certezas en el contrato suscrito en el 2006, pues Bolivia no garantizó los volúmenes gas acordados y Argentina demoró los pagos. Por ello la nueva adenda será más exigente e incluirá dos cláusulas que se implementarán para asegurar que lo anterior no vuelva a ocurrir: el "take or pay (toma o paga)" y el "deliver or pay (entrega o paga)", de esta manera se garantizará el pago y el envío del gas. En efecto, por el take or pay, el comprador se compromete a pagar por el volumen acordado, lo pida o no. Mientras que el deliver or pay obliga al productor a entregar el volumen comprometido y a pagar por la cantidad de gas no exportado. Sin embargo las autoridades bolivianas se encuentran negociando otros mecanismos como "bandas" o "techos" para que los volúmenes requeridos no tengan variaciones importantes y de esta manera estabilizar la demanda energética argentina. En efecto, Carlos Villegas, presidente de YPFB, sostiene que la demanda argentina varía de acuerdo a los cambios estacionales, ya sea en invierno donde la demanda es alta o en verano donde esta es menor, y por lo tanto puede provocar perjuicios a la producción boliviana de hidrocarburos. Para garantizar la provisión del recurso, además será necesario contar con la infraestructura adecuada que permita incrementar los envíos, pues desde Bolivia no se puede enviar a las provincias del norte Argentino, que no disponen de gas, más gas que los actuales 7 millones mcd. Por ello, el ministro de Planificación Federal, Inversión pública y Servicios argentino, Julio de De Vido ha dispuesto la licitación—de manera conjunta con Bolivia—para la construcción del gaseoducto de 70 kilómetros, al que se le denominará "Integración" y por el cual ingresaran a los ductos argentinos los 27 millones de mcd a través de la red Transportadora de Gas del Norte. Además de los planes de exportación de gas a Argentina, actualmente Bolivia prevé que para el 2010 la apertura de nuevos mercados, principalmente Paraguay y Uruguay, y para ello se viene negociando desde hace algunos meses los términos y condiciones de exportación, pero aun no hay nada concreto. Sources: El Comercio (Peru), Perú 21, Elcomercio.com, Clarin.com, Eldeberdigital.com, El Universo, La Razón, La República (Peru), Página|12 ADDITIONAL ISSUES
Topics: Ecuador, Peru MEDIA FEED
Coast Guard Reports Blast on Rig in Gulf of Mexico
~ The New York Times
Lessons in Crony Capitalism
~ Huffington Post
New Rules Push Oil Inspectors to Clean Up Their Act
~ Grist Magazine
Liberia: Oil Maneuvers--Hopes, Woes, Worries in Wait
~ The Analyst
Rinehart and Rio in $1.8bn Link-Up
~ The Australian
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