ANÁLISIS QUINCENAL: Transporencia e Industrias extractivas Noticias de América Latina

Por Carlos Monge, RWI Latin America Regional Coordinator
Con Claudia Viale y George Bedoya

25 de Noviembre – 20 de Diciembre

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Negociación de contratos colectivos: los casos de Chile y Venezuela.

Colombia se posiciona en el sector de hidrocarburos ante la crisis energética que atraviesa Ecuador y Venezuela.

Los estados y municipios brasileros negocian la distribución de los futuros ingresos por participación especial y regalías del Pré-sal.

Colombia: Ecopetrol y la venta de acciones para realizar inversiones en infraestructura.

Negociación de contratos colectivos: los casos de Chile y Venezuela.

En las últimas semanas de noviembre se iniciaron, en Chile y Venezuela, procesos de negociación colectiva de contratos entre los trabajadores y empresas dedicadas al sector extractivo.

En Chile, el millonario bono que la Minera Escondida—de propiedad del angloaustraliano BHP Billinton—entregó a sus trabajadores en Octubre del presente año luego de varios meses de negociación, incrementó las expectativas sobre salarios y beneficios de los trabajadores de las otras compañías mineras del país. Este es el caso de la Minera Spence (también de propiedad de BHP Billinton) y de Codelco Norte (principal división minera de la minera estatal Codelco) que a fines de año también entrarán en un proceso de negociación de contratos colectivos.

En efecto, como resultado de su propia negociación salarial, BHP Billinton concedió a sus trabajadores un bono de $ 14 millones de pesos, un préstamo sin intereses de $ 3,5 millones, un reajuste de 5% de los salarios, y beneficios en salud y otras materias que en total generarán un gasto cercano a los 100 millones de dólares. Con base en la experiencia de La Escondida, los trabajadores de la Minera Spence—también propiedad de BHP Billinton—están reclamando bonos por $ 15 millones, mientras que la empresa les propuso solamente $ 8,5 millones.

Los representantes de la minera Spence sostienen que el incremento salarial no se justifica si toma como referencia el acuerdo con La Escondida, pues la realidad productiva de cada una de las mineras, es distinta. Por ejemplo La Escondida en el 2008 produjo  1, 255 mil toneladas de cobre fino, mientras que Codelco Norte y Spence produjeron 755 mil y  164 mil toneladas en el mismo periodo respectivamente.

Como resultado de este impasse, la minera Spence ha entrado en un periodo de huelga desde el 14 de octubre que ha generado pérdidas de por lo menos US$ 110 millones y que ha complicado los procesos de negociación entre la empresa y los trabajadores. 

Finalmente BHP Billinton decidió ofrecer a los trabajadores un bono de término de conflicto por $7 millones de pesos, un préstamo de $2 millones y un reajuste salarial de 4% por 41 meses entre otros beneficios, acuerdo que fue suscrito por el 75% de los trabajadores. Sin embargo, la negociación no prosperó debido a que el sindicato exigió que se excluyera de los beneficios a los trabajadores que quebraron la huelga, haciendo efectivo su derecho a reintegro durante la misma.
Por su parte, la división Codelco Norte entregó a la administración de Codelco una propuesta de nuevo contrato colectivo que los regirá por 36 meses, y en el cual la estatal podría desembolsar cerca de $11,5 millones de pesos por trabajador, incluyendo un ajuste salarial de 7.5%.

Del mismo modo que los trabajadores mineros en Chile, la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela (FUTPV) iniciará en las próximas semanas la negociación de la contratación colectiva del sector con la estatal PDVSA. Sin embargo el contexto es diferente, no solo por tratarse de una empresa petrolera, sino por los actuales los estados financieros de PDVSA, que al concluir el primer semestre del año mostraron a una industria con problemas de flujo de caja y un incremento en sus deudas.

En efecto, PDVSA registró durante el primer semestre del 2009 una caída del 67% en sus ganancias como consecuencia de la contracción del volumen de ventas—la producción se vio afectada por los recortes establecidos por la OPEP con el fin de responder a la contracción del mercado—y de la reducción del 51% en el precio del barril de petróleo.

PDVSA además ha reducido en un 29% la inversión en áreas estratégicas, como lo son exploración y producción; tiene pagos pendientes con sus proveedores por un monto de $8,1 mil millones; y la nacionalización de servicios vinculados a la industria—en lugar de aumentar sus recursos—ha incrementado en 17% la nomina de trabajadores de la empresa respecto al primer semestre del 2008. Frente a esta situación, PDVSA se ha visto obligada a acudir a los entes públicos para solicitar financiamiento.

Por otro lado, los recientes resultados de las elecciones al interior de PDVSA para elegir a la nueva directiva,  han mostrado divisiones internas debido a sus diferencias políticas lo que ha dificultado la creación de la comisión que negociará la contratación colectiva.

En este contexto, los negociadores que representan FUTPV  han tomado como base el proyecto de negociación colectiva 2009-2011 que introdujo la directiva temporal del sindicato el año pasado, en el cual se exigía un ajuste salarial de 159%. El proyecto contempla otras 76 cláusulas y en las próximas semanas el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social convocará a la dirigencia sindical petrolera y a los representantes de PDVSA para que se inicie la discusión del contrato.

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Colombia se posiciona en el sector de hidrocarburos ante la crisis energética que atraviesa Ecuador y Venezuela.

La crisis energética que Ecuador y Venezuela han enfrentado en las semanas pasadas, reveló el importante posicionamiento energético colombiano en esa zona de la región. En efecto, desde el 2007 Colombia vende gas natural a Venezuela (150 millones de pies cúbicos diarios) y ahora energía eléctrica a Ecuador, país que además importará uno 700 mil barriles de diesel de Colombia y Venezuela para asegurar sus suministros.

Todo parece indicar que—ante una coyuntura de desabastecimiento energético provocada por las sequías que afectaron a las principales hidroeléctricas ecuatorianas y venezolanas y a la demanda de crudo prevista ya comprometida para el consumo—Colombia se ha encontrado mejor preparada que otros países.. En este contexto, los inversionistas petroleros colombianos han apuntado a incrementar sus actividades en exploración petrolera  así como en infraestructura, tanto en el mediano como en el largo plazo, pues aseguran que el consumo de energía aumentará en los próximos meses y años.  En efecto, el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos colombiana no solo ha asegurado que los descubrimientos previstos para el próximo año, le permitirán extender la autosuficiencia energética por más de 9 años, sino que resaltó que los niveles de inversión extranjera en el año han alcanzado los $3,500 millones y se espera que en el 2010, se supere esa cifra.

Prueba de ello es el aumento del valor de las acciones de empresas como Ecopetrol—de mayor acogida entre los inversionistas—y la entrada de la compañía Pacific Rubiales, lo que demuestra la solidez de estas empresas en el mercado bursátil colombiano. Cabe mencionar en este punto, que las empresas mineras se encuentran en una situación similar, con un próspero panorama semejante al del sector petrolero.

Mientras,  en Ecuador el volumen de exportaciones petroleras bajó de 10 a 8 millones de barriles entre agosto y setiembre de este año—lo que provocó un desequilibrio de en la balanza comercial—y se ha traducido en una pérdida de $511 millones. Por su parte, en Venezuela, PDVSA confirmó una caída en sus ganancias durante el primer semestre del año, como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y por los recortes en su producción debido a los acuerdos establecidos por la OPEP con el fin de responder a la menor demanda de crudo.

Así mismo, la mayor participación del estado ecuatoriano en la producción de petróleo, no ha significado mayores niveles de producción petrolera, por el contrario esta ha disminuido en 11% en los últimos 3 años. Por ello algunos analistas sostienen que debe declararse en estado de emergencia a Petroecuador, pues actualmente produce solamente lo que producía en el 2006. Además, la actual política en el sector hidrocarburos no ha dado los incentivos necesarios para que la inversión privada incremente su producción, la que ha caído en un 22% durante el actual gobierno. El gobierno ecuatoriano espera que esta situación cambie una vez que se firmen los nuevos contratos con las petroleras privadas y mediante la constitución de empresas mixtas con otras estatales.

En Venezuela, PDVSA ha tenido que cortar el envío de gas destinado al suministro de las plantas industriales, lo que ha  provocado malestar en el sector comercial. Frente a estas irregularidades en el servicio eléctrico, las empresas venezolanas de energía eléctrica—como la Compañía Anónima de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE)—que tienen deudas y pendientes con PDVSA, han visto una oportunidad para compensar sus obligaciones mediante el suministro de energía a dichas plantas.

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Los estados y municipios brasileros negocian la distribución de los futuros ingresos por participación especial y regalías del Pré-sal.

A finales de agosto del presente año, el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que buscaba implementar un nuevo marco legal para la exploración y explotación de las reservas ubicadas en el Pré-sal, el descubrimiento de hidrocarburos más grande del mundo desde el año 2000. Sin embargo, uno de los temas entonces postergados fue el del reparto de ingresos generados por la producción entre el gobierno federal y los estados productores y no productores.

En la actualidad, de acuerdo a la hoy vigente Ley 9.478, los recursos de la participación especial—establecida cuando se trata de grandes volúmenes de producción o de gran rentabilidad como el Pré-sal y que se aplica sobre los ingresos brutos—se distribuyen de la siguiente manera: 50% para el gobierno federal, es decir los Ministerio de Energía y Minas, Medio Ambiente, Recursos Hídricos y de la Amazonía Legal; y 40% y 10% para los estados y municipios productores, respectivamente.

En las últimas semanas de noviembre, los estados productores han renegociado su participación, esta vez respecto a las futuras regalías del Pré-sal. En efecto, los gobernadores de los estados de Rio de Janeiro y de Espíritu Santo sostuvieron conversaciones con el gobierno federal en las que se estableció su participación en 25%. El gobierno mantendrá el 19%, los municipios productores el  6%, y los estados y municipios no productores se repartirán el 44%. El acuerdo al que llegaron  el gobierno y los estados productores fue enviado a una comisión especial del legislativo para que una vez evaluada, sea debatida  en el Congreso. 

Sin embargo, mientras que los estados productores ubicados en la plataforma continental lograban aumentar su participación en la distribución de los ingresos por concepto de regalías, los estados productores de petróleo y gas en tierra, vieron reducir su participación de 52.5% a 20%. Esta medida fue aprobada por diputados federales representantes de los propios estados productores en tierra, quienes señalaron que al tomar esa decisión no estaban informados de las modificaciones que los estados productores cercanos en el mar lograron a su favor en las negociaciones del Pré-sal. Por ello los representantes de los principales estados productores en tierra buscan ahora volver a la distribución original, decisión que finalmente resolverá el Congreso. 

Con respecto a la discusión en el Congreso Nacional de los proyectos que modifican el actual marco regulatorio del Pré-sal, los diputados de los diferentes estados y partidos políticos aun no logran llegar a un consenso. Como era de esperarse, los representantes de Rio de Janeiro y Espíritu Santo—mayores beneficiarios con el actual marco legislativo—proponen incrementar su participación en la distribución de las regalías mientras que los representantes de los demás estados y municipios sostienen que todos los estados y municipios deben beneficiarse por igual.

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Colombia: Ecopetrol y la venta de acciones para realizar inversiones en infraestructura.

La empresa petrolera estatal colombiana, Ecopetrol—principal empresa petrolera de ese país que se dedica a explorar, producir, transportar, refinar y comercializar hidrocarburos, y la cuarta petrolera más grande de América Latina, registró cifras de producción positivas, aunque los menores niveles de precios del petróleo y el tipo de cambio desfavorable sí afectaron su nivel de ingresos. En efecto, la producción de Ecopetrol creció en 9.3% en los primeros nueve meses del 2009 comparado con el mismo periodo del 2008, aunque sus ingresos se redujeron de 9.97 billones de pesos en los primeros nueve meses del 2008 a 7.37 billones de pesos en el mismo periodo del 2009.

En este contexto, el gobierno colombiano decidió enviar al Congreso el proyecto de ley que aprueba la venta de hasta un 15% de las acciones de Ecopetrol, con la finalidad financiar obras de infraestructura y proyectos viales tales como la ruta de las Américas, la autopista de la Montaña y la doble vía Bogotá—Villavicencio y que forman parte del Programa Estratégico de Autopistas, Proesa.

Por ahora la iniciativa ha contado con la aprobación del Ministro de Minas y Energía y del Presidente de la República, y sólo faltaría el visto bueno del Ministro de Hacienda. Una vez listo el proyecto y con la autorización del Congreso, el gobierno podrá finalmente poner a la venta el mencionado 15% de las acciones de la petrolera, con un valor de $7,500 millones de dólares, a precios del 2009. En la medida en que en el mercado hay actualmente en circulación un paquete del 10% de las acciones de la estatal petrolera y falta vender otro 10% ya autorizado, luego de vender este tercer paquete accionario, el Gobierno mantendrá todavía el 65% de la empresa.

La venta de acciones de la petrolera colombiana es promovida en un contexto optimista para el sector, pues los actuales volúmenes de producción alcanzan niveles de 700 mil barriles diarios de petróleo, y se han proyectado 800 mil barriles diarios para el 2010. Además, Ecopetrol prevé una inversión de $3,800 millones de dólares para la ampliación de la Refinería Cartagena que tiene por objetivo producir 165 mil barriles de petróleo por día, y de $3,500 de dólares millones en plantas de tratamiento y otras obras. 

En este escenario, Ecopetrol ha decidido inscribirse en la Bolsa de Valores de Lima, Perú, convirtiéndose en el primer emisor local colombiano que se lista en una bolsa latinoamericana. De esta manera, el American Depositary Receipt (ADR) de la compañía se encuentra en proceso de registro de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú (CONASEV).

Sin embargo, la venta del 15% de las acciones no se realizaría en la bolsa de valores sino que se ofrecerían exclusivamente a los Fondos de Pensiones Territoriales de Colombia. Es decir, no se estaría incrementando la participación del sector privado en la petrolera estatal como sucede en el caso de Petrobras en Brasil, sino que se estaría obteniendo financiamiento con recursos públicos a la vez que se le da representación en la junta directiva de Ecopetrol a los Fondos de Pensiones Territoriales. Esto generó críticas de los pequeños propietarios de acciones de la estatal quienes sostuvieron que "debido a las grandes necesidades fiscales de los entes territoriales, estos estarían pensando más en la caja que genera la compañía que realmente en su crecimiento a largo plazo".

Por lo tanto, este aparente intento de privatizar un mayor porcentaje de la propiedad de la estatal Colombiana Ecopetrol en realidad sería solo una forma de conseguir financiamiento para mantener el elevado nivel de inversiones de la empresa, manteniendo al Estado en control de la gestión de la misma.

Esto contrasta con el caso mexicano, donde se discutió la posibilidad de abrir espacios hasta ahora reservados constitucionalmente para el Estado a la inversión privada.  En efecto, la titular de la Secretaría de Energía de México, Georgina Kessel, afirmó que el Ejecutivo está analizando los cambios constitucionales necesarios para permitir que se contraten los servicios de empresas privadas en áreas donde hasta ahora solo el Estado puede operar por su carácter estratégico. Estos cambios serían parte de una "nueva generación de reformas" luego de que en noviembre del 2008 se aprobara la reforma de Pemex. Es importante mencionar que, aunque estos cambios permitirían que las empresas privadas aumenten su presencia en el sector petrolero mexicano, estas siguen estando restringidas a ser prestadoras de servicios y no tienen la propiedad de los hidrocarburos.

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Sources: El Mercurio, El Comercio, Elcomercio.com, Eldeberdigital.com, El País, El Universal, La Republica.com.co (Columbia), La República (Peru), Portafolio.com.co, Folha Online

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