Versión original en inglés disponible en Huffington Post.
A la promesa "State of Union" del Presidente Obama de abrir más campos de gas y petróleo mar adentro y en la tierra y apoyar el desarrollo del gas natural le falta un ingrediente para que el público reciba los beneficios económios completos: La información.
El desarrollo de petróleo, gas y minería en las tierras públicas de los Estados Unidos le proporciona el gobierno federal la fuente más grande de ingresos no tributarios. Los ciudadanos se merecen más información acerca de los pagos que hacen las empresas mineras y petroleras al gobierno. En efecto, el Congreso ya ha demandado esta información a través de las reformas Dodd-Frank aprobadas en el 2010.
Pero las grandes empresas petroleras parecen tener el objetivo de impedir la divulgación de esta información. Ellos están llevando a cabo un fiero lobby para que la Securities and Echange Commission (pdf) diluya las nuevas reglas que ya ha propuesto exigiendo que las compañías reporten cuánto le pagan a los gobiernos por el acceso a los recursos naturales, país por país, para cada proyecto que desarrollen.
En cada nación, los ciudadanos tienen el derecho de saber lo que están recibiendo a cambio de la venta de recursos públicos. En los Estados Unidos, esto es especialmente crítico para las comunidades en el Golfo de México y en otros territorios que están siendo afectados directamente por los proyectos energéticos, pues ellos enfrentan los riesgos del desarrollo.
Las empresas petroleras y de gas natural han hecho todo tipo de promesas sobre el valor que van a aportar a las regiones ricas en energía y en general a la economía de Estados Unidos. Veamos cuáles son realmente los beneficios a través del reporte Dodd-Frank que la SEC tiene el poder de demandar.
El impulso global hacia este tipo de divulgación de información es fuerte. Una nueva directiva de la Comisión Europea ha requerido reglas de información inspiradas por la ley Dodd-Frank. Aquí en los Estados Unidos, el único obstáculo para que los ciudadanos reciban esta vital información es la frenética acción de retaguardia de los lobistas de la industria. Washington debe encontrar la voluntad política para defender la Dodd-Frank como está aprobada y firmada.
La información financiera es la única herramienta que tienen los gobiernos para garantizar que están recibiendo un trato justo de las empresas, y la única manera de que los ciudadanos sepan si están recibiendo un trato justo de sus gobiernos.
Los Estados Unidos no puede abrir nuevos caminos en política energética a menos se defienda lo que el Congreso y el Presidente ya habían apoyado sobre la divulgación de información completa y significativa en la industria.
Karin Lissakers es Director de Revenue Watch.
